Aspectos Controvertidos en Relación con la Toma de Muestras

Las intervenciones corporales constituyen uno de los ámbitos que más se caracteriza por la confrontación existente entre los derechos del Estado a perseguir a los presuntos autores de un hecho ilícito, y el de éstos a que les sean respetados sus derechos constitucionales. Ver documento sobre la toma de muestras para la detección del consumo de drogas.

Hasta el momento, muy pocos los pronunciamientos jurisprudenciales sobre el control de drogas en las Fuerzas Armadas. No obstante, habida cuenta de la similitud de trato que otorga el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial en el control de la alcoholemia, podemos utilizar de forma análoga la reiterada jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional en relación con el mismo.

En cuanto al derecho a la presunción de inocencia y las garantías en la
realización de las pruebas, significar que la consideración del control del consumo de drogas como prueba, está supeditada a que se haya practicado con las garantías formales al objeto de preservar el derecho a la defensa y la presunción de inocencia.

En la Sentencia del Tribunal Constitucional 5/1989, de 19 de enero, recuerda su doctrina sobre la necesidad de que el control de alcoholemia se realice con todas las garantías, de ahí que trasladando éstas a la prueba de análisis de orina para la detección del consumo de drogas, podemos indicar, que la misma, se debería de ajustar a los siguientes parámetros:

a) Los análisis clínicos, habrán de ser practicados por personal perteneciente al Establecimiento Farmacéutico o Laboratorio del Centro de la Red Sanitaria, en los que se encuentren custodiadas las muestras, y que además se hallen en posesión de la titulación adecuada.

A este respecto hay que tener en cuenta lo establecido en el art. 6.22 de Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales al indicar que:

 “Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada”.

Por lo tanto consideramos que en la recogida de muestras debería de participar, personal sanitario. Según la Instrucción Técnica nº 1/2005, de 18 de febrero, de la Inspección General de Sanidad, por la que se regula el funcionamiento de los laboratorios de análisis de drogas del Ministerio de Defensa, dispone en su Anexo IV (TOMA DE MUESTRAS):

Que en los BUICO,s la recogida de las muestras de orina, será realizada por personal autorizado perteneciente a sus Servicios Sanitarios o en caso de carecer de éstos, el que cumpla dichas funciones, bajo la supervisión del responsable designado por el Jefe del BUICO”.

Es decir, que conforme a lo expuesto, a falta de personal sanitario en la Unidad, puede ser realizada la recogida de muestras por personal no técnico, lo cual a mi entender supone una grave deficiencia, dado que no podemos presumir que dicho personal se encuentre en posesión de los necesarios conocimientos técnicos para la ejecución material de la recogida de muestras; además, de efectuarse ésta por personal no cualificado, podemos correr el riesgo de que por una inadecuada manipulación, pueda degradarse el contenido de la muestra.

b) Han de respetarse, en todo momento, durante el proceso de toma de
muestras, el derecho a no sufrir tratos inhumanos o degradantes (art. 15 CE), y el derecho a la intimidad personal (art. 18.1 CE), referido preferentemente a la esfera estrictamente personal, de la vida privada o de lo íntimo (STC 207/1996, de 16 de diciembre), el cual aparece integrado, entre otros componentes, por la integridad corporal de las personas sometidas a la pruebas y que son proyección de la dignidad de la persona, que como valor jurídico fundamental consagra el artículo 10.1 de nuestra Constitución.

Tenemos que indicar que lo expuesto en el anexo IV de la Instrucción Técnica 1/2005 (SECUENCIA DEL PROCESO DE TOMA DE MUESTRAS), donde se indica que “para asegurar la autenticidad de la muestra, el responsable de la recogida, o su ayudante podrá requerir a la persona que emite la muestra, a retirarse toda la ropa necesaria para confirmar que la orina ha sido correctamente suministrada. Esto incluirá
la exposición del cuerpo, desde la cintura hasta las rodillas, y la total exposición de los brazos, procurando salvaguardar la dignidad e intimidad de las personas”, a mi juicio resulta una redacción totalmente confusa así como imprecisa, ya que nos encontramos sin saber si el desnudo parcial ha de realizarse al tiempo de la micción o por el contrario después de esta, ya que nos encontramos que en la misma frase se dan dos tiempos verbales, no obstante indicar que en amabas formas de realizar la correspondiente prueba, a mi juicio, es claramente atentatoria contra los derechos constitucionales ya citados, en base a:

  • Si la norma ampara la posibilidad del desnudo parcial o total de la personal que emite la muestra, al tiempo de realizar la micción, nos encontramos ante un procedimiento humillante, pues se exhibirían ante el responsable de la recogida de la muestra partes del cuerpo que según un sano criterio, se hallan protegidas por el pudor o recato de una persona, y además se realizaría un acto (micción), a la vista de otro, con lo cual se afectaría al derecho de la intimidad1.
  • Si la norma autoriza la posibilidad del desnudo parcial o total, una vez realizada la prueba, ello supondría un exceso o desproporción, que se desvincula de la propia realización de la prueba, y por tanto de su legítima finalidad, al implicar una indagación posterior, a través de la cual, se trataría de garantizar no ya la correcta realización de aquella, sino la probidad del que ha sido sometido a la misma.

c) Por último, respecto al derecho a no autoincriminarse y a no declarar contra sí mismo, indicar que deber de someterse al control de drogas, no puede considerarse contrario al derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, pues según reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no se obliga al sujeto a emitir una declaración que exteriorice un contenido admitiendo su culpabilidad, sino a tolerar que se le haga objeto de una especial modalidad de pericia, no conllevando una violación de los derechos reconocidos en los artículos 17.3 y 24.2 de nuestra Constitución2.


1 STC de 15 de diciembre de 2004. El ámbito de la intimidad corporal constitucionalmente protegido no es coextenso con el de la realidad física del cuerpo humano, porque no es una entidad física, sino cultural, y determinada, en consecuencia, por el criterio dominante en nuestra cultura sobre el recato corporal.
2 SSTC 103/1985, de 4 de octubre y 107/1985, de 7 de octubre.

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